La impunidad de la corrupción en Tucumán está respaldada en los datos. Sólo el 0,5% de las denuncias contra supuestos corruptos con trascendencia pública presentadas en la Justicia provincial y federal registraron una condena firme durante los 13 años que siguieron a la supresión de la Fiscalía Anticorrupción en 2005. En términos concretos, una de 219. Y en el único caso que logró el estatus de cosa juzgada, los condenados encajan en la definición de “perejiles”: son “peces chicos” sin mayor espalda o cobertura política. Se trata del comisario Enrique Antonio García, y de los agentes Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina, policías que, al momento del crimen de Paulina Lebbos, trabajaban en la comisaría de Raco.
Al menos 195 de las 218 denuncias restantes originaron expedientes penales que siguen abiertos con escasos avances en general: en particular, sobresalen los juicios orales en desarrollo de Miguel Ángel Brito, ex director de Arquitectura y Urbanismo, y de Hugo Sánchez, Nicolás Barrera, Héctor Rubén Brito y Eduardo Di Lella, los altos funcionarios acusados de encubrir el homicidio de Lebbos. Debido a los pocos datos disponibles, este subconjunto presenta los mayores niveles de incertidumbre y, por añadidura, de probabilidades de impunidad. Las otras 23 causas que quedan derivaron en cuatro sobreseimientos; 12 archivos; cuatro declaraciones de incompetencia y una de prescripción, y dos condenas de ejecución condicional todavía en trámite de revisión.
Estos hallazgos se desprenden de una base de datos elaborada en el ámbito del programa “Chequeado Investigación: Etapa II”, del medio digital no partidista y sin fines de lucro Chequeado, a partir de la revisión de más de 4.700 ediciones de LA GACETA, y del cotejo de la información recolectada con otras fuentes judiciales. Se trata del primer archivo abierto especializado en denuncias de corrupción con trascendencia pública radicadas en Tucumán y de una de las iniciativas pioneras de esta temática en el país (ver “Las justicias provincial y federal abrieron una causa cada 22 días”).
En el otro extremo del supuesto excepcional de los policías de Raco condenados por el caso “Lebbos” están las 29 denuncias que involucran a José Alperovich, ex gobernador (2003-2015) y senador nacional del Partido Justicialista. Es, por lejos, el funcionario tucumano más denunciado desde 2005. Ninguno de los procesos abiertos en su contra prosperó en los Tribunales ordinarios y federales de esta provincia. En principio, Alperovich ni siquiera llegó a prestar una declaración indagatoria en alguno de los procesos analizados.
Versión ampliada: el texto con detalles dirigidos al público nacional está disponible en Chequeado.comEl sistema
A grandes rasgos, la base de datos confeccionada especialmente para esta investigación permite distinguir tres tipos de tramitaciones de causas de corrupción. Por un lado están aquellas que dormitan en los anaqueles de Tribunales, a la espera de la prescripción que, como se sabe, en estos procesos se prolonga en el tiempo puesto que la extinción de la acción penal no opera mientras el funcionario sigue prestando servicios. Esos casos están parados de hecho: nadie los mueve porque han caído en el olvido.
Por otro lado hay que agrupar los expedientes cerrados en cuestión de días, sin pesquisa alguna. En esta línea de archivos exprés entran, entre otras, las denuncias del radical José Cano contra el entonces ministro de Economía, Jorge Jiménez, por el otorgamiento de beneficios tributarios a la firma Gasnor; de la imputada Roxana Teves contra el ministro público fiscal Edmundo Jiménez y otros por una supuesta asociación ilícita existente en los Tribunales provinciales, y del denunciante recurrente Oscar López por el manejo discrecional de $ 615,6 millones para gastos sociales legislativos erogados en 2015. Este último asunto fue desarchivado por Jiménez, jefe de los fiscales, y girado a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº2 de la capital a cargo de Claudio Bonari.
Por último, aparecen las causas que presentan un nivel alto de actividad, pero no conducente al hallazgo de la verdad, sino que rebotan de un punto al otro del sistema con planteos formales. Cada nulidad y cada cuestión de competencia suponen uno o dos años de idas y vueltas, de resoluciones apeladas que implican a varios tribunales. Son discusiones previas que en la práctica postergan -a veces indefinidamente- el comienzo de la investigación propiamente dicha.
A menudo suele suceder que cuando los jueces y fiscales no son recusados por las partes, estos inician una cadena de inhibiciones sin final. Es lo que sucedió respecto de una de las denuncias relativas al uso del avión sanitario de la provincia, donde ocho jueces se excusaron sucesivamente (causa “Avión sanitario” IV). El expediente estuvo parado más de un año hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción resolvió que debía intervenir el primer juez que lo había recibido, Juan Pisa.
Este sistema ha sido exitoso en la obstaculización del camino al juicio oral tanto respecto de las causas con repercusiones institucionales como de las comunes. La tramitación de papeles y de presentaciones escritas se ha traducido, en la práctica, en expedientes voluminosos fácilmente manipulables y cajoneables. A ello se añade el hecho de que los denunciantes de casos sensibles abandonan a sus “criaturas”, en parte también por la imposibilidad legal de actuar como querellantes o de asumir otro rol similar que permita tomar contacto con las actuaciones.
Muchas denuncias estrepitosas buscaron solamente un efecto político pasajero, o sus autores fueron incapaces de darles la cobertura y el impulso que precisaban para abrirse paso en los Tribunales. La suma de estas circunstancias configura un escenario adverso para la persecución de la corrupción puesto que, si sólo el 0,5% de las denuncias se transforman en condenas firmes, casi no hay incentivos para exponer las irregularidades que cometen los funcionarios públicos.
El origen de esta producción periodística
Alconada Mon dirigió la investigación desarrollada durante seis meses
La elaboración y el análisis de la base de datos con denuncias de hechos de corrupción con trascendencia pública en Tucumán es fruto del programa “Chequeado Investigación: Etapa II”, que tiene el apoyo de Open Society Foundations (OSF). En agosto, el jurado internacional de esa iniciativa escogió los proyectos de los periodistas Germán de los Santos (diario La Nación), que trabajó sobre narcotráfico, e Irene Benito (LA GACETA), que abordó la temática de impunidad y corrupción, entre los 43 presentados en la convocatoria de 2017. Ambos recibieron un premio de U$S 2.000, y contaron con la dirección del periodista e investigador Hugo Alconada Mon, así como del apoyo de los equipos de Redacción e Innovación de Chequeado que encabeza Laura Zommer, que los asistieron en la búsqueda y chequeo de datos, y en la forma de contar sus historias de manera innovadora. LA GACETA participó en este proyecto desarrollado durante seis meses mediante la apertura de su valioso archivo y la digitalización de la base de datos, además de la publicación de los hallazgos en esta edición.